Investigación. El asesino del celador y su mujer cobraban hasta 2.400 euros al mes. Diario de Sevilla. Carlos Navarro Antolín

El asesino confeso del celador y su mujer no eran precisamente pobres si se tiene en cuenta el nivel de renta salarial del que han dispuesto ambos durante los últimos ocho meses. La tesis de la "pobreza" de Ricardo Suárez Álvarez y su mujer, María Luisa Cortés Jiménez, expuesta en el transcurso del último Pleno municipal por el concejal de Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo (PSOE), para justificar el realojo de ambos –actualmente imputados por el asesinato– y de más de 20 de sus familiares en el albergue juvenil de la calle Isaac Peral se viene literalmente abajo si se comprueba el informe de vida laboral de la pareja, así como los de dos de sus parientes directos.

Ricardo Suárez y María Luisa Cortés fueron dados de alta en la Seguridad Social en mayo de 2005 al ser contratados por una empresa de seguridad con domicilio social en Huelva con la finalidad de vigilar las instalaciones de una obra aún en curso en la capital de Sevilla. Ambos pactaron con la empresa una retribución líquida a percibir de 12 pagas anuales de 1.200 euros cada uno. En total, la pareja contaba con unos ingresos líquidos de hasta 2.400 euros al mes. Se trata de unas retribuciones muy por encima del salario mínimo interprofesional, fijado por el Gobierno en 540,9 euros mensuales para 2006. El régimen laboral de ambos era el de trabajar de lunes a viernes en horario nocturno, asegurándose los fines de semana libres, ya que así lo acordaron para tener esas dos jornadas libres y poder dedicarse a actividades relacionados con la venta ambulante, es decir, a los popularmente conocidos como los mercadillos de los sábados y domingos en distintos barrios de la ciudad.

Tanto Ricardo Suárez como María Luisa Cortés cumplieron su trabajo de vigilantes de seguridad sin que en ninguna jornada de los últimos ocho meses se registrarse ninguna incidencia. Fuentes autorizadas aclararon que en ningún momento iban armados para el desempeño de su tarea. Simplemente, se trataba de que permanecieran en la obra durante las noches. Y nunca fueron despedidos por la empresa: ni cuando se produjo el tiroteo entre familias del Vacie el 27 de diciembre (en el que estuvieron implicados familiares directos de Ricardo Suárez) y ni siquiera tras el asesinato de Gaspar García el pasado 8 de enero. La baja laboral en esta empresa se produjo a petición de los dos interesados por medio de un familiar común que comunicó a la dirección de la sociedad el lunes 9 de enero (justo el día posterior al asesinato del celador) la intención de ambos de solicitar la baja voluntaria. Efectivamente, la Tesorería General de la Seguridad Social inscribió la baja con fecha de la primera semana de enero. Quienes siguen dados de alta como trabajadores de la misma empresa son dos familiares de la pareja que cumplen también funciones de vigilancia.

El alta de ambos imputados en la Seguridad Social durante al menos los últimos ocho meses desmonta la teoría del edil de Bienestar Social, Antonio Rodríguez Galindo, sobre la "pobreza" de ambos junto a sus familiares (un total de 25 personas), que fueron realojados en el citado albergue juvenil del 30 de diciembre al 8 de enero para ser protegidos de la posible venganza motivada por el tiroteo entre dos familias sucedido en el asentamiento irregular del Vacie el 27 de diciembre. Rodríguez Galindo fue rotundo en el último Pleno municipal a este respecto: "Hemos ayudado a un grupo de vecinos conocidos por todos y prácticamente integrados cuyo único estigma es que son pobres".

El Ayuntamiento gastó un total 6.552, 50 euros en el realojo de las 25 personas en el albergue juvenil de la Junta de Andalucía. La justificación por parte del concejal de Bienestar Social de semejante desembolso de dinero siempre ha sido la de actuar con un "espíritu humanitario". Galindo aseguró en el mismo Pleno municipal del pasado jueves que el Ayuntamiento actuó de forma "correcta y oportuna" y que obró en todo momento con "prudencia y espíritu humanitario", ya que se trataba de "una familia bastante normalizada en una situación de emergencia", en alusión a posibles ajustes de cuentas tras el tiroteo del día 27.

Galindo fue a más al asegurar que los realojados eran conocidos de sobra por los técnicos de Bienestar Social, aunque en ningún momento se refirió a que Ricardo Suárez, su mujer y dos familiares más estaban (y éstos dos últimos aún lo están) dados de alta en la Seguridad Social: "Se trata de personas que trabajan asiduamente con nosotros, que están identificadas, controladas y en contacto permanente con los grupos políticos, ya que han participado en cursos de reinserción laboral y en programas municipales".

El Ayuntamiento solicitó el realojo el 30 de diciembre hasta en tres escritos distintos. La familia realojada ocupó hasta diez habitaciones, de las que una de ellas finalmente no se utilizó. Rodríguez Galindo ha insistido en los últimos días en que el Ayuntamiento actuó "con criterios sociales, limitándose a colaborar con una ONG" en referencia a la Unión Romaní. El mismo edil se ha defendido estos días de las críticas políticas por su gestión asegurando que se trata de un ataque a la "labor social" que realiza el Ayuntamiento en el asentamiento del Vacie.