Retirados del mercado más de 15.000 zapatos por usar como antifúngico una sustancia no autorizada en España
Los técnicos de la Junta de Andalucía han llevado a cabo actuaciones en toda la comunidad autónoma para tratar de localizar este producto. Así, se han revisado casi 500 establecimientos, lo que ha generado 5.000 actuaciones inspectoras entre expedientes e informes (concretamente 482 tiendas y 4.843 inspecciones).
Se han visitado tanto tiendas como establecimientos mayoristas, donde se ha encontrado algo más de la mitad de los pares retirados. La mayor parte de los productos se ha detectado en los primeros meses, en diciembre y enero.
Los inspectores de Consumo de la Junta han identificado zapatos de los que existía sospecha de que pudieran contener el antifúngico y se han remitido muestras para su comprobación, con el fin de eliminar del mercado todo aquel elemento que pueda constituir un riesgo para el consumidor. Los empresarios se han mostrado colaboradores y han accedido a retirar el calzado cuando la Administración se lo ha solicitado. En concreto, se han retirado 13.859 unidades, se han inmovilizado 980 y se han destruido 219.
El dimetilfumarato se ha localizado tanto en el propio calzado como en bolsitas en el interior de las cajas, donde al evaporarse impedían la formación de hongos pero también iban impregnando los zapatos. Esta sustancia, al contacto con la piel, es irritante y puede causar incluso lesiones dermatológicas.
Este producto se usa en la industria china del mueble y del calzado como un inhibidor del crecimiento del moho y como un agente antimicrobiano durante el almacenamiento de estos productos. Se trata de un producto no notificado como biocida en la Directiva 98/8/CE, por lo que la comercialización de esta sustancia en el mercado europeo está prohibida.
Las reacciones dermatológicas que se han registrado en Andalucía, un total de 26 casos, fueron de tipo irritativo o de dermatitis alérgica, surgida habitualmente en las siguientes horas al uso del calzado. Todos los casos, excepto dos, son mujeres, con un rango de 1 a 76 años, según la información facilitada por la Consejería de Salud.
Acción coordinada
Las actuaciones realizadas desde la Junta para localizar el calzado con dimetilfumarato se han llevado a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Consumo y con el resto de comunidades autónomas a través de la Red de Alerta, en la que se introducen los productos que se han constatado que pueden constituir un riesgo para la salud y que está conectada con la Red Europea.
A través de este sistema rápido de intercambio de información los responsables autonómicos han ido comunicando al resto los artículos sospechosos que iban localizando y aquellos en los que se comprobaba que contenía dimetilfumarato con pruebas en laboratorios homologados.
En Andalucía la Dirección General de Consumo de la Consejería de Gobernación comenzó a investigar la presencia de productos con dimetilfumarato en noviembre, tas recibirse dos denuncias en el servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla. Posteriormente, el 23 de diciembre se puso en marcha una campaña de inspección específica en la comunidad autónoma.
El Ministerio de Sanidad y Consumo abrió expediente el 22 de diciembre para prohibir en territorio nacional la comercialización de productos que contengan el biocida y puedan entrar en contacto con la piel, como calzado, sillones u otro tipo de muebles, por considerar que esta sustancia constituye un riesgo para la salud al poder producir reacciones alérgicas y lesiones oculares.
En este expediente también se adoptaba como medida provisional la prohibición de introducir en el mercado y comercializar calzado o cualquier producto que contengan dimetilfumarato y puedan entrar en contacto con la piel. Así, España, Bélgica y Francia son los estados de la Unión Europea que han adoptado medidas legislativas específicas para hacer frente a este riesgo.
Estas medidas han sido apoyadas y reforzadas con la decisión de la Comisión Europea de 17 de marzo de 2009 por la que se exige a todos los estados miembros que garanticen que los productos que contienen el biocida dimetilfumarato no se comercialicen ni estén disponibles en el mercado.
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