Sevilla Información. La Junta sanciona a Auna con 30.000 euros por intentar facturar a clientes que pidieron la baja
Este es el expediente de mayor cuantía que se ha abierto desde la Junta contra AUNA. A lo largo de 2004 y 2005 se han iniciado otras tres actuaciones sancionadoras contra esta compañía por incumplimientos de contrato y por alteración del suministro, para lo que se establecieron multas de 6.000 euros en un caso y de 7.000 euros en las dos ocasiones restantes.
La intervención de la Junta se basa en 13 denuncias realizadas por consumidores que comunicaron por escrito la petición de baja de los servicios contratados recibiendo facturas posteriores e, incluso ,en algunos casos la amenaza de incluirlos en el registro de morosos si no las abonaban. Los afectados solicitaron la intervención de la Junta Arbitral de Consumo regional, perteneciente a la Consejería de Gobernación, con el fin de que ésta mediara para lograr cortar toda relación con la compañía telefónica.
Tras analizar los 13 casos los técnicos de Consumo han considerado que la actuación de la empresa ha contravenido lo establecido en los contratos, donde dice que el cliente podrá romper la relación con la empresa “mediante escrito por correo certificado con acuse de recibo, fax con acuse de recibo o cualquier otro medio que permita tener constancia fehaciente de la recepción por AUNA de su petición de baja” y que la resolución solicitada “tendrá efecto dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la petición de baja”.
Estos incumplimientos constituyen una infracción tipificada en el artículo 79.2 de la Ley de Protección de los Consumidores “al cometerse faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles y afectar a un elevado número de consumidores”. Asimismo, se han considerado como agravantes el retraso en la tramitación de la baja, con el consiguiente perjuicio y trastorno para el usuario, así como la posición relevante en el mercado del infractor (es decir la posición de fuerza sobre el consumidor), por lo que se le ha impuesto la multa máxima computable para una falta de este tipo.
Quejas por telefonía
La telefonía es una de las materias en las que se producen un mayor número de reclamaciones. Desde enero a octubre de 2005 los servicios de Consumo han recibido un total de 3.219 quejas relacionadas con los servicios de telefonía e internet, lo que supone un 20,5% del total de denuncias del sector servicios (que ascienden a 15.670). En cuanto a sus causas, principalmente están relacionadas con la facturación, problemas con el servicio de atención al cliente e incumplimientos de contrato.
Las quejas por la telefonía suponen asimismo un 95% de las 1.840 peticiones de arbitraje recibidas entre enero y octubre en la Junta Arbitral de la comunidad autónoma, el organismo encargado de gestionar el arbitraje, una forma rápida, ágil y gratuita de resolver los conflictos que permite al consumidor defender sus derechos sin tener que pasar por los tribunales para dirimir sus diferencias con una empresa.
Para resolver cada caso se realiza un contacto con la empresa con el fin de notificarle la petición y conocer si está dispuesta a someterse al arbitraje. Los funcionarios de la Junta Arbitral tratan de que ambas partes logren un acuerdo y de no ser así se reúne el colegio arbitral, formado por un representante de la Administración autonómica, otro de las asociaciones de consumidores y un tercero de los empresarios. Estos emiten un laudo arbitral que es vinculante para las partes y cuyo cumplimiento se puede reclamar ante los tribunales de Justicia.
Hasta la fecha se han resuelto la mitad de las reclamaciones presentadas, un 51% a través de los laudos del colegio arbitral y el resto a través de la mediación que realizan los funcionarios de Consumo.
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