La cesión de San Telmo reportó al Arzobispado más de 27,28 millones. Carlos Navarro Antolín. Diario de Sevilla

La Diócesis obtuvo de la Junta gracias a esta operación una cantidad equivalente a su presupuesto de cinco años

Este mayo se cumplen dos meses del cierre oficial del denominado Pacto de Cesión Institucional del Palacio de San Telmo. En las fechas posteriores a la elevación a escritura pública de la transmisión de dominio del histórico edificio (19 de mayo de 2004) se ha elaborado lógicamente un resumen económico –siempre oficial– para calcular cuánto ha recibido finalmente la Iglesia de Sevilla en virtud de la operación económica y patrimonial más importante del actual pontificado de monseñor Amigo. El Arzobispado ya reconoce que la operación está finiquitada (hasta hace no mucho aún faltaban flecos) y admite que la cesión del palacio le ha supuesto una serie de contraprestaciones por parte de la Junta por valor de 27,14 millones de euros. Esta cantidad equivaldría a los presupuestos ordinarios del Arzobispado de cinco años, ya que cada ejercicio ingresa una media de 5 millones de euros según las cuentas que se publican periódicamente de forma oficial.

Hay quienes han visto en las cuentas de la operación demasiados claroscuros desde que en 1989 se alcanzó un acuerdo que se ha tardado más de quince años en ejecutar, lo que ha dado lugar a situaciones más que curiosas, como el hecho de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, haya utilizado durante un buen número de años un palacio que estaba aún a nombre del Arzobispado en el Registro Civil número 8 de Sevilla.

El convenio, como se recoge en la tabla de las cifras oficiales ofrecidas por el Arzobispado de Sevilla, experimentó una novación o modificación sustancial a finales de 2002 que consistió, básicamente, en sustituir la construcción de una Escuela de Formación en el capítulo de contraprestaciones por una aportación económica para la subvención de la gestión de la Escuela de Formación del Profesorado cardenal Spínola, la residencia sacerdotal y la reparación de templos. Esta novación –acordada después de interminables negociaciones y avatares– estuvo valorada económicamente en un total de 3.005.060 euros.

Obviamente, los 27,28 millones de euros no agotan la valoración total de una compleja operación que ha merecido hasta la redacción de una tesis doctoral. Fuentes del Arzobispado recuerdan, por ejemplo, que en esta valoración oficial del coste final no está incluido, por ejemplo, el valor de los solares donde finalmente se construyeron el Seminario y el Centro de Estudios Teológicos (ubicados en la calle Tarfia, junto a la Avenida de la Palmera).

Las mismas fuentes destacan que la Casa Sacerdotal de la calle Becas (junto a la Alameda de Hércules) se ha edificado en un solar aportado por el propio Arzobispado tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento respecto al convento de Santa Clara. En este acuerdo, el Consistorio cedió el solar, se hizo cargo de la restauración de la capilla del citado convento –que sigue siendo propiedad de la Diócesis– y concedió 2 millones de euros para restaurar la zona suroeste y los patios del Palacio Arzobispal.

Cerrada la operación al cumplir la Junta de Andalucía con todas las contraprestaciones pactadas, el Gobierno andaluz no tiene más que respetar el uso institucional del edificio: acoger la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Si no lo hiciera, daría lugar a la resolución del convenio.

La Junta tardó tres lustros en cumplir con las contraprestaciones pactadas. No tenía ninguna fecha límite para hacerlo. En el convenio no se fijó ningún límite temporal. La verdad es que durante el tiempo empleado para la ejecución no ha trascendido ningún conflicto entre las partes. El Arzobispado, al menos oficialmente, ha evaluado siempre satisfactoriamente la velocidad con que la Junta ha realizado los pagos pactados y ha construido las edificaciones acordadas.

Un pacto de esta envergadura también reporta frutos indirectos. La Junta se convirtió a partir de esta operación en el principal aliado del Arzobispado a la hora de afrontar la restauración de muchos templos históricos de la ciudad, tales como San Isidoro, San Andrés, San Vicente y San Julián.

Para el recuerdo quedan ya el interés de una inmobiliaria de Madrid por convertir San Telmo en un hotel (llegó a haber negociaciones), las complejas gestiones del Arzobispado a lo largo de 1988 para obtener el visto bueno del Vaticano para poder enajenar el palacio (tal como prescribe el Código de Derecho canónico) y las opiniones contrarias a la firma del histórico acuerdo emitidas públicamente por algunos conocidos canónigos de la diócesis hispalense.

Un convenio de difícil calificación jurídica

Ni una permuta ni una compraventa en sentido puro. La cesión de San Telmo ha sido motivo de discusión a la hora de su calificación jurídica. Fuera de duda está que se ha tratado de un negocio jurídico bilateral en el que ambas partes se han obligado a algo: la Iglesia ha cedido el pleno dominio del Palacio y la Junta se obligó a cumplir con una serie de contraprestaciones como requisito para obtener la propiedad. Algunos expertos lo calificaron como un negocio jurídico en el que la tranmisión del edificio quedó sometida a condición suspensiva al tener que cumplir la Junta con varias contraprestaciones.