Patrimonio: El Real Alcázar lleva cinco años de pérdida continua de visitantes. Carlos Navarro Antolín. Diario de Sevilla.

Seis de los consejeros del Patronato del Real Alcázar ni asistieron a una sesión en la que estaba en juego el futuro del conjunto monumental. Como consecuencia de la correspondiente modificación estatutaria de la que se informó en aquella jornada, de las arcas de un Alcázar a la baja en número de visitantes tendrá que salir también el dinero para mantener el edificio central del Ayuntamiento en la Plaza Nueva. Un monumento como el Real Alcázar –por cuyas visitas se recaudan casi 3,5 millones de euros al año– supone una fuente de ingresos más que notable para cualquier ciudad, más aún si se tiene en cuenta que las tarifas de acceso han figurado hasta hace muy poco tiempo entre las más económicas en comparación con conjuntos artísticos similares de España y el extranjero. Y el Real Alcázar supone un filón –como es la Feria de Abril para las arcas municipales– pero todo indica que a la baja en los últimos tiempos. Prueba de ello es que no ha dejado de perder visitantes en los últimos cinco años.

Desde 1991 a 2000 siempre los había ganado, salvo en el año 1992, cuando fue la sede de la Casa Real en Sevilla con motivo de la Exposición Universal, por lo que permaneció cerrado durante gran parte de ese año. Con el nuevo milenio ha comenzado a descender el número de turistas. Para algunos se trata de un reflejo de la bajada de turistas que vienen a la capital andaluza. Los primeros datos de 2005 confirman esta tendencia. En el primer trimestre, según la información registrada hasta ahora, el descenso es de un 5,8 por ciento menos visitantes que en el mismo período de 2004.

La subida de las tarifas, planteada por el gobierno municipal con el apoyo de la oposición, es del 40 por ciento en las entradas generales (suben de 5 a 7 euros), del 25 por ciento en las visitas a la planta alta (de 3 a 4 euros) y del 40 por ciento en las nocturnas organizadas por grupos (de 350 a 500 euros). Está por ver la evolución de las visitas tras la aplicación de las nuevas tarifas. Lo que está claro es el consenso político en la necesidad de no seguir minusvalorando el monumento con unas tarifas pobres.

La recaudación por las visitas turísticas hace posible que el Real Alcázar –como ocurre con la Catedral, de titularidad eclesiástica– se autofinancie, sobre todo a la hora de afrontar tareas de restauración y de investigación, puesto que se trata de un conjunto monumental vivo. De hecho, en la actualidad se está estudiando el frente principal del Patio de la Montería. El Patronato es el organismo que permite su autorregulación. Además de la subida de las tarifas de acceso, se ha producido una reforma que afecta a la gestión del monumento: la modificación de dos artículos claves de los estatutos del Patronato. Este organismo autónomo ha pasado a denominarse ahora Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. Por lo tanto, su objeto es "todo lo relacionado con la conservación y uso del Alcázar y la conservación técnica del edificio de la Casa Consistorial", según la nueva redacción del artículo 3.1. de los referidos estatutos.

La particularidad de este cambio no es sólo la consecuencia inmediata que ha tenido, como es la dimisión como consejera de la ex alcaldesa Soledad Becerril –previsiblemente sustituida por el presidente del Ateneo, Enrique Barrero– o la que tendrá a medio plazo, consistente en conocer la cantidad de dinero que se desvía del presupuesto del Real Alcázar a la conservación del edificio municipal de la Plaza Nueva.

Una clave fundamental radica en la forma en que salió adelante una reforma estatutaria de envergadura, pues se hizo mediante aprobación en el Pleno municipal sin que las modificaciones se votaran en el propio seno del Consejo del Patronato, donde simplemente se pasó –con posterioridad a la aprobación plenaria– un informe sobre una decisión que afecta sustancialmente a un organismo municipal al que se le supone carácter autónomo.

Resulta aún más llamativo que a la sesión del Consejo del Patronato en la que se trató el cambio estatutario faltaron ocho de sus componentes, varios de ellos designados para tal función por su reconocido prestigio. Faltaron a la reunión los catedráticos Manuel Olivencia y Vicente Lleó, el editor Guillermo Luca de Tena y los ex alcaldes Luis Uruñuela (PA) y Manuel del Valle (PSOE), además del consejero del grupo andalucista, en cuyo seno se vivía esos días la crisis provocada por las dimisiones de dos de sus concejales: Paola Vivancos y Rafael Carmona. Todos ellos faltaron aún conociendo la trascendencia del asunto, puesto que no sólo constaba en el orden del día, sino en la carta que el grupo popular remitió a cada uno de ellos advirtiéndoles de las consecuencias de la reforma.

Sí asistieron a la reunión el concejal de Patrimonio, Antonio Rodríguez Galindo; el de Cultura, Juan Carlos Marset; la delegada de Participación Ciudadana, Paula Garvín; el portavoz municipal del PP, Jaime Raynaud, la ex alcaldesa Soledad Becerril, el empresario Javier Benjumea y el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra. Raynaud y Becerril se negaron expresamente a la reforma estatutaria. El primero presentó un recurso administrativo contra la decisión que no ha prosperado. En el caso de la segunda dimitió al poco tiempo al considerar que se trata de dos bienes de interés cultural "radicalmente distintos en su origen, historia y usos".