Nota de los Obispos del Sur de España ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación.
Córdoba, 20 de octubre de 2005
Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), presentado por el Gobierno al Parlamento, los Obispos del Sur de España, reunidos en Asamblea ordinaria, manifestamos nuestra preocupación pastoral por los problemas educativos que estamos viviendo.
Nos adherimos en todos sus términos al Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (28 de septiembre de 2005), en el que se denuncia la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales relativos a la educación. Y en particular:
1. Denunciamos todo recorte al derecho que asiste a los padres en la decisión de la educación de sus hijos. No puede el Estado reemplazar la responsabilidad de los padres o privarles de su autoridad en cuanto a determinar el tipo de educación que quieren para sus hijos.
2. Es inaceptable la propuesta que la LOE hace sobre la enseñanza religiosa. Ésta aparece sin garantía suficiente, tanto en su permanencia como en su identidad curricular y académica.
3. No es justo el “status” jurídico previsto para los profesores de religión, negándoles su actual consideración de “empleados” de la Administración. Denunciamos tal degradación y propugnamos que se tutele su dignidad profesional y laboral.
4. La labor que los Colegios de iniciativa social con Proyecto Educativo católico vienen realizando en nuestra Comunidad Autónoma es muy positiva y tiene una gran demanda social por parte de las familias. La falta de garantía de su pervivencia y la inseguridad de poder mantener su identidad confesional son cuestiones que lesionan principios constitucionales de la libertad de enseñanza.
5. Es necesario y urgente que se respete el derecho que tienen los padres a elegir libremente que se eduque a sus hijos conforme a las propias convicciones morales y religiosas. Por ello, tienen derecho a elegir el colegio que quieran para sus hijos, sin que de antemano queden excluidos por la “zonificación” como criterio prioritario.
6. Apoyamos las iniciativas y las acciones legítimas que promuevan las instituciones y entidades sociales en defensa de los derechos fundamentales en el ámbito educativo. Tales derechos son esenciales a una sociedad verdaderamente democrática.
7. Y por último, con palabras de la Comisión Permanente: “abogamos por un pacto escolar de Estado que, como desarrollo del artículo 27 de la Constitución, dé estabilidad al sistema educativo y cree las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la enseñanza. En este empeño es necesaria la integración de todas las fuerzas políticas y sociales. Particularmente obligado es escuchar a los padres, cuyas demandas no han sido tenidas en cuenta hasta el presente”.
Telegram