La construcción de 5 centros de salud depende del ‘eurocrédito’. Crónica política de Carlos Navarro Antolín. Diario de Sevilla.

De los vagones del Metrocentro a las papeleras de los barrios. De cinco centros de salud a los ordenadores de Lipasam. De un nuevo parque auxiliar de limpieza a las nuevas ventanas de los autobuses o al aire acondicionado de las oficinas. Todo está en el aire, porque todo depende de la misma vía de financiación, actualmente paralizada. El programa de inversiones de las cuatro empresas municipales (Emasesa, Emvisesa, Lipasam y Tussam) para el bienio 2006-08 se ha hecho depender en buena medida del macrocrédito de 287 millones de euros solicitado por el Ayuntamiento al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y cuya tramitación está actualmente congelada. La razón de que tan importante operación financiera se encuentre paralizada se debe, muy probablemente, a un pronunciamiento de la Intervención municipal contrario a que no se compute el importe económico en la deuda de las arcas municipales. Al computarse como tal, el Ayuntamiento sobrepasaría ampliamente los límites legales de endeudamiento (110 por ciento de sus ingresos) y quedaría obligado a hacer uso de un cauce distinto y más complejo para sacar adelante el crédito, como sería la solicitud del placet de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y el cumplimiento de otros requisitos.

De los cinco centros de salud que el Ayuntamiento pretende financiar con este macrocrédito (como se demuestra en la tabla de inversiones que complementa esta información), en tres de ellos (Triana, las Palmeritas y Compostela-Sevilla Este) ya se han adjudicado las obras e, incluso, ya se ha colocado la primera piedra para dar comienzo a los trabajos, todo lo cual se ha realizado a pesar de que aún no se ha resuelto la cuestión económica. Los otros dos centros (Cavestany y Portaceli) están en fase de preparación técnica, como admitió el pasado jueves el propio alcalde junto a la consejera de Sanidad. Con estos dos centros ocurre lo mismo: dependen del dinero del macrocrédito.

El gobierno municipal se esfuerza por justificar una gran operación financiera que ya ha provocado en varias ocasiones la reacción de los partidos de la oposición, que han denunciado que varias Corporaciones municipales y generaciones de sevillanos quedarán hipotecadas. El gobierno expone que operaciones similares (con colaboración pública y privada) se han llevado a cabo en varias ciudades, caso de Valencia, para sacar adelante la Ciudad de las Artes y las Ciencias (600 millones de euros a 22 años); Barcelona, para edificar la Ciudad de la Justicia (305 millones de euros); Murcia, para la construcción de la autopista Caravaca-Alcantarilla (80 millones de euros con una explotación de 27 años mediante concesión administrativa), o Cataluña (58 millones de euros para infraestructura hidráulica). Estos grandes proyectos de infraestructuras contrastan con muchos de los proyectos menores que se financiarían en el caso de Sevilla.

El Ayuntamiento pidió ofertas únicamente a dos bancos: el Santander y Dexia-Caixa. Se optó por la entidad que preside Emilio Botín al ser su oferta "más favorable en términos económicos y la que mejor se ajusta a las necesidades de inversión". La oferta realizada por el Santander se fundamenta en una operación de préstamo concedido a cada una de las empresas municipales. En una fase posterior, el propio banco cede los derechos de cobro de dichos préstamos a un denominado Fondo de Titulización, siendo dicho Fondo el que realiza una emisión de bonos y un segundo préstamos que adquiere el BEI.

El importe total de la operación es de 287 millones de euros, de los que 283 son para sufragar todas las inversiones previstas en el plan municipal 2006-08. El resto del importe (3,7 millones de euros) se debe a gastos propios de la operación, cuyo interés es entre el 0,375 y 0,412 por ciento sobre el Euribor. El BEI suscribe el 44 por ciento del Fondo y el 56 por ciento restante se coloca entre inversores institucionales mediante bonos.

El Ayuntamiento gestionó la concesión de un denominado préstamo puente por el que se asignaron 25 millones de euros para Emasesa, 16 para Lipasam y 19 para Tussam. Este préstamo menor vence el 4 de agosto. Tiene un tipo de interés del euríbor más 0,30 por ciento. Antes de dicha fecha, el Ayuntamiento tendrá que decidir si pide la cantidad total del ‘eurocrédito’ o da marcha atrás, lo que implicaría el pago de gastos en concepto de tramitación y estudio de alrededor de 250.000 euros.

El gobierno municipal, que duda si sacar adelante la operación del préstamo mediante su simple aprobación en junta de gobierno o hacerlo en el pleno, tuvo muy claro hace pocos meses que la segunda vía era la adecuada, tal como expuso por escrito en un informe oficial, del que se reproduce el párrafo clave al respecto. El temor actual radica en que, dado que todo apunta a que la Intervención municipal no ofrece la cobertura deseada (al dictar que el préstamo debe computar en la deuda municipal), la opción de llevar el asunto al Pleno entrañaría riesgos, ya que a la propuesta de aprobación habría que adjuntar el dictamen por escrito del interventor. Además, los partidos de la oposición pueden solicitar el parecer de este alto funcionario municipal durante la sesión y, por lo tanto, éste tendría que pronunciarse in voce. Si la Intervención mantiene su parecer de computar el eurocrédito a las arcas municipales, el Ayuntamiento sobrapasaría el límite legal de endeudamiento (el 110 por ciento de los ingresos), por lo que se precisaría la intervención de la Junta de Andalucía para sacar adelante el macrocrédito, amén de otros requisitos especiales, tales como presentar un plan trianual de saneamiento.