Sevilla Información. Gobernación detecta infracciones en el 41% de las tiendas de telefonía inspeccionadas en 2006

Naranjo, que ha presidido la constitución de la Comisión de Coordinación Interadministrativa en materia de Consumo, ha hecho balance de la primera fase de la campaña de telefonía (que ha abarcado los seis primeros meses del año), en la que los técnicos han incoado un total de 88 expedientes sancionadores en los 85 establecimientos infractores, que se están tramitando.

La titular de Gobernación ha explicado que durante las inspecciones se han analizado tanto las condiciones de venta de los establecimientos, comprobando desde la publicidad de los precios hasta las garantías de los productos, así como los 148 contratos de telefonía disponibles en las tiendas visitadas con el fin de evitar cláusulas que supongan desventajas o abusos para los posibles clientes.

En las tiendas, el incumplimiento más común (un 37%) consiste en no anunciar correctamente el precio de los productos, que bien no son visibles o dan lugar a confusiones. Algunos establecimientos también plantean problemas en la garantía de los productos, bien por negarse a hacerse cargo de ella en caso de avería del artículo (26% de los casos) o bien porque se limita de alguna forma el derecho a disfrutar de la misma (17%).

Además, el libro de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía, cuya presencia es obligatoria en todos los establecimientos de la comunidad autónoma y que se ha de facilitar a cualquier usuario que lo solicite, no estaba presente en el 5% de los establecimientos.

Por lo que respecta a los contratos de servicios, Evangelina Naranjo ha subrayado como principales incumplimientos diversas incorrecciones en la fórmula de tarificación, problemas para poder rescindir la relación establecida con la empresa, y la falta de elementos básicos de información, como no recoger los precios de los servicios contratados y otras condiciones económicas dentro del documento contractual.

En este sentido, el 37% de los contratos de telefonía contempla el cobro por fracción de tiempo y no por el tiempo real consumido; otros contratos no incluyen los datos sobre los precios y las tarifas que se aplican al servicio que se va a proporcionar (27%), no reconoce el derecho del consumidor a elegir el medio de pago (16%) y no se informa al cliente del tipo de mantenimiento al que tiene derecho (27%).

En cuanto a la posibilidad de darse de baja, en los documentos no figuran las causas y formas de extinción del mismo (19% de los casos); o no se concede plazo alguno al consumidor para rescindir el contrato en caso de que la empresa modifique las condiciones del mismo (incluidos precios) ni se determina un periodo de tiempo mínimo de antelación para que la compañía le comunique al cliente los cambios (14%).

Un elemento fundamental para el consumidor es disponer de un referente al que dirigirse si se le presenta un problema, aunque en algunos no aparece la dirección de la oficina comercial del operador (11%) o no figura el teléfono del departamento de atención al cliente (16%).

Por otra parte, la consejera de Gobernación ha indicado que la Junta de Andalucía, a fin de defender los derechos de los consumidores, también ha actuado en el sector de la telefonía a raíz de las denuncias de los ciudadanos, que el pasado ejercicio dieron lugar a 150 expedientes sancionadores por una cuantía total de 344.633 euros, sobre todo por obstrucción a la labor inspectora de la Junta, por incumplir las medidas impuestas por la Administración, por cláusulas abusivas o fraudes en las garantías.

El sector de la telefonía es uno de los que más reclamaciones generan en la comunidad autónoma, con 1.600 denuncias presentadas por los consumidores hasta el 15 de junio de 2006, un 17% del conjunto de reclamaciones del ámbito de los servicios, mientras que durante el pasado año 2005 se gestionaron 3.264 reclamaciones en este ámbito. Ante estas reclamaciones se inicia una interlocución con la compañía y si el conflicto no se resuelve, siempre que las partes accedan el caso se remite a la Junta Arbitral con el fin de lograr una resolución sin tener que recurrir a los tribunales.

Comisión Interadministrativa

La consejera de Gobernación ha destacado la importancia de lograr la máxima coordinación entre administraciones en consumo para hacer más eficaces sus actuaciones y mejorar la protección a los consumidores. Naranjo ha destacado el papel clave de los municipios en este área como administración más cercana a los ciudadanos, por lo que Junta, ayuntamientos y diputaciones han constituido un nuevo órgano de interlocución entre ambas administraciones donde analizar, coordinar y armonizar las actuaciones de control de los mercados.

La composición de la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo, que se reunirá al menos una vez al semestre, es paritaria entre la Administración autonómica y las corporaciones locales. Así, la presidencia la ostentará la Consejería de Gobernación y contará con representantes del resto de consejerías de la Administración autonómica, dado que el consumo es una materia transversal que afecta al conjunto de políticas de la comunidad, mientras que la representación local nueve ayuntamientos y cuatro diputaciones designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Así, serán miembros de este nuevo organismo los alcaldes de los municipios de Huércal-Overa y Adra, ambos en la provincia de Almería; del consistorio cordobés de Almodóvar del Río; los granadinos de Albolote y Caucina, así como Cazorla (Jaén), Moguer (Huelva), Mairena del Aljarafe y Utrera (Sevilla). En cuanto a las diputaciones, estarán representadas las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga.

Naranjo ha señalado que este organismo constituye un espacio de encuentro entre Junta, ayuntamientos y diputaciones donde se podrán plantear además aquellos asuntos que ambas partes consideren necesarios.

La consejera ha asegurado además que se continuará potenciando la labor de los entes locales en las políticas de protección a los consumidores, recordando que desde 2004 se han invertido 4,1 millones de euros para apoyar el funcionamiento de las oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs), de las 19 juntas arbitrales de consumo de la comunidad autónoma y para financiar la actividad de control de mercados de aquellos ayuntamientos que asumieran esta competencia, una iniciativa que se puso en marcha hace tres años.

Entre los objetivos de la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo destaca mejorar la coordinación en la labor de inspección de los mercados y en la programación de las campañas de información a la población, así como agilizar el intercambio de información entre las administraciones, en especial sobre las medidas adoptadas ante infracciones. También se prevé la creación de un inventario actualizado de los recursos disponibles en los entes locales para afrontar la protección de los consumidores, así como colaborar a la hora de planificar la formación del personal de las corporaciones locales.

La Comisión se estructurará además en Comisiones Provinciales de Consumo, que se reunirán cuatrimestralmente y que contarán con tres grupos de trabajo permanentes sobre el funcionamiento de las OMICs, que canalizan consultas y reclamaciones de los ciudadanos; sobre las Juntas Arbitrales de Consumo, un sistema de resolución de conflictos entre consumidores y empresas alternativo a los tribunales que constituye una de las apuestas de la Junta de Andalucía, y sobre la Inspección de Mercados.